El fundamentalismo ecológico está a punto de privar a San Rafael de una fuente de trabajo para cerca de 200 personas y de una suma aún no determinada de dinero que podrían percibir la provincia y el municipio en concepto de regalías uraníferas.
El yacimiento minero-fabril Sierra Pintada de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), ubicado a 54 kilómetros de la ciudad, difícilmente pueda reactivarse en 2004 como está planeado si la oposición del gobierno local se mantiene cuando llegue el momento de realizar las audiencias públicas que establece la Ley provincial 5961 de Medio Ambiente.
El gobierno de Mendoza ya había anticipado que no daría su visto bueno a la reactivación de la mina si antes la CNEA no solucionaba el problema de los pasivos ambientales, como se llama técnicamente a los residuos de mineral acumulados durante años a cielo abierto en inmediaciones de la ciudad de Malargüe y en las trincheras del predio de Sierra Pintada, una parte en tambores de metal y otra a granel. En este sentido, los condicionamientos no son caprichosos ya que hace años que estos residuos deberían haberse removido, enterrado y envasado. La desidia y la burocracia primero, y las restricciones presupuestarias más tarde determinaron que la tarea jamás se llevara a cabo.
Para colmo, en el proyecto de la CNEA, que contempla una inversion de 12 millones de pesos, está previsto traer a San Rafael en 2005 la etapa del proceso que se realizaba en Ferreyra, Córdoba, transformando el mineral inerte en dióxido de uranio, materia prima del combustible que alimenta las centrales nucleares.
Si antes había dudas, temores y resistencia en la comunidad local, que relaciona una hipotética alta prevalencia de casos de distintos tipos de cáncer a la cercanía del yacimiento de uranio, a partir de esta noticia se redoblaron.
Convengamos que la energía nuclear nunca tuvo buen marketing entre los humanos, que siempre relacionaron palabras como radioactividad, energía atómica, plutonio, cobalto o Chernobyl con la figura del holocausto de Hiroshima.
Por otra parte, tampoco fueron muy auspiciosas las experiencias recientes de Atucha o Embalse en materia de centrales nucleares en el país, a pesar de que hace años que están en funcionamiento sin incidentes, salvo alguna fuga esporádica en la central de Embalse que se conjuró rápidamente.
Lo cierto es que los pilares de la economía regional son por estos días la agricultura, la agroindustria y el turismo, con las variantes incipientes de la ganadería, la agricultura orgánica, el agroturismo y algunas manufacturas de bajo valor agregado.
Sería muy difícil defender las bondades de estos productos ante cualquiera que conozca la existencia de una mina de uranio aguas arriba del cauce del Diamante, que irriga gran parte de las hectáreas cultivadas del departamento. Y mucho más lo sería si se llega a instalar una planta productora de dióxido de uranio en sus cercanías. Planteada la disyuntiva, entonces, lo más lógico es optar por lo que ya existe y aporta la mayor parte de los recursos a la economía local, en lugar de arriegarlo todo por un proyecto si se quiere menor para la región a pesar de su alto valor estatégico para el país. Algo similar sucedió cuando se construyeron los diques sobre el Diamante y el Atuel para controlar las crecientes, administrar el agua y generar electricidad. Al principio, el negocio parecía brillante por la plata de regalías que ingresaba a las arcas provinciales. Diez años después, la salinización de las tierras, los revenimientos y el empobrecimiento del agro sumados a la necesidad de recurrir a los agroquímicos revelaron la cara ingrata del progreso. Los nutrientes que arrastraban los ríos de cordillera decantaron en los diques, y el daño emergente que sufrieron los agricultores jamás fue compensado, a pesar de lo que dicen la Ley de Aguas y la Constitución mendocinas acerca de la preeminencia del derecho de los regantes sobre cualquier otro uso que se quiera dar al agua.
El caso Sierra Pintada significaría, en caso de no tenerse en cuenta el daño emergente, un perjuicio equivalente. La pregunta es quién compraría un durazno, una ciruela o una pera cosechados en San Rafael sabiendo que pudo haberse contaminado con uranio en alguna etapa de su ciclo productivo, o quién se arriesgaría a venir de vacaciones sospechando que puede envenenarse.
Claro que, absortos como estamos en esta discusión, nadie habla seriamente de la cuenca del Atuel, cuyo riesgo de contaminación es mucho más grave y actual, no inminente o futuro como el del Diamante.
Aguas arriba del Atuel, en El Nihuil y Valle Grande, hay enormes asentamientos turísticos y recreativos cuyos efluentes cloacales no se tratan adecuadamente, ya están contaminando las napas freáticas y en cualquier momento van a empezar a depositar coliformes (bacterias de la "caca" humana) en la cuenca.
En El Nihuil existen , solo en el Club de Pescadores, 500 casas cuyos deshechos van a parar a pozos sépticos que pronto van a saturar la capacidad de absorción del suelo. Por Valle Grande pasaron unos 40 mil turistas la última temporada, y la situación de obras de saneamiento es mucho más precaria allí que en El Nihuil. A pesar de esta situación, poco o nada se ha dicho de la contaminación en este caso. De modo que el fundamentalismo ecológico es, además de histérico, bobo e irracional. San Rafael debe ser uno de los pocos lugares del planeta donde se define como "movida ecológica" el acto de salir a juntar basura al campo, para que los turistas vean todo limpito. Además, los promotores de estas "movidas" son los mismos que, si no convocaran a cientos de chicos para hacerlo gratis, deberían pagar buenas sumas para que otros lo hicieran por conveniencia desprovista de todo romanticismo.
Como en muchas otras cuestiones a debatir, el abordaje de ésta es poco serio, superficial y efectista antes que efectivo. Es que, gracias al auge del ecologismo en los países industrializados, sigue siendo más importante salvar a las ballenas del mar austral de los arpones de los japoneses que a los chicos de Tucumán de la voracidad de los usureros internacionales y el cinismo de los cipayos nacionales.